La Generalidad de Cataluña ha reconocido que desde que se aplica la Ley de Dependencia en 2007, 10.074 barceloneses han muerto a la espera de que el gobierno catalán efectuara el Programa Individual de Atención para asignarles la prestación adecuada a su estado y grado de dependencia.
Los retrasos en los procedimientos, los elevados tiempos de tramitación y los recortes provocados por una gestión nefasta de los recursos públicos está haciendo que cada día decenas de personas sin recibir ningún tipo de prestación.