Hace dos años, en pleno auge de las protestas por las estafas bancarias de las preferentes, el gobierno del Partido Partido decidió acallar las protestas de los estafados mediante la imposición de multas falsas a través de la subdelegación del gobierno de Pontevedra.
Estas multas surrealistas acusaban a una anciana de ochenta años que necesita andador para desplazarse, de alterar la seguridad, saltar una valla e intentar traspasar un cordón policial, entre otros delitos. Otros estafados recibieron multas falsas por no llevar bien abrochado el cinturón de seguridad, o por tocar una bocina. Otra mujer fue acusada de desórdenes graves por frenar un coche oficial a pesar de que había más de 20 furgones de la policía.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pontevedra ha anulado todas estas sanciones por producirse una clara indefensión de los ciudadanos. Según el gobierno del PP, no se ha producido ninguna irregularidad en las sanciones. Tampoco ninguno de los agentes que realizaron estas denuncias han sido sancionados.