La Comunidad de Madrid gobernada por el PP se niega a facilitar el nombre de las 167 residencias de ancianos sancionadas en los últimos cinco años

La gestión de las residencias de ancianos es competencia directa de la Comunidad de Madrid. El problema es que para el gobierno regional, gobernado por PP, los mayores son simplemente carne con la que comerciar y ganar dinero.

La consejería de Políticas Sociales y Familia se ha negado en rotundo a ofrecer información sobre las 167 residencias de ancianos multadas en los últimos cinco años, algunas por faltas gravísimas como no tener autorización para funcionar, problemas de alimentación e higiene, o no disponer de personal titulado.

El Partido Popular se niega en redondo a facilitar esa información para no dañar "el buen nombre comercial de la empresa o su prestigio, afectando a su proyección pública". El gobierno del Partido Popular utiliza los mayores como mercancía y las residencias como un negocio donde lo más importante es que el nombre de una empresa no se vea dañado, no que un anciano esté desnutrido o que esté en una residencia pirata.

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