El Partido Popular recortó en 200 millones de euros la partida a través de la cual el Estado destina fondos a las comunidades autónomas, pasando de 1.405 millones de euros en 2012 a 1.206 en 2013.
Este recorte se debe a que el PP ha reducido las cuantías a pagar por cada dependiente, está retrasando los pagos sin ninguna justificación y está bloqueando la entrada de grandes dependientes para no pagar.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ya ha denunciado públicamente que la falta de dinero y la falta de voluntad política está llevando a una demora inaceptable en el pago de las prestaciones reconocidas. También denuncia que en comunidades como Murcia o Comunidad Valenciana se están paralizando las resoluciones de dependencia que reconocen prestaciones económicas para no tener que pagar.
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