Ante el aumento indignante de muertes en residencias de ancianos, varios gobiernos autónomicos y el Partido Popular están intentando evitar asumir su responsablidad y están lanzando el bulo de que las competencias sobre las residencias de ancianos recae sobre el Gobierno, diciendo cosas como que el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias controla las residencias bajo un mando único. Pues bien, el ministerio que dirige Pablo Iglesias únicamente coordina los fondos extraordinarios para la contratación de personal y la compra de equipos de protección individuales para los centros sociosanitarios, pero las competencias sobre las residencias son responsabilidad exclusiva de las comunidades autónomas.
Las residencias de ancianos no se consideran centros sanitarios y por lo tanto no están integrados en de los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas, ya que se les consideran centros de servicios sociales, y las competencias en materia de servicios sociales están transferidas a las comunidades autónomas de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución.
En el caso de la Comunidad de Madrid por ejemplo, esta transferencia se encuentra recogida en el Estatuto de autonomía de 1983, artículo 1.23 que dice que el Gobierno autonómico será el encargado de la “promoción y ayuda a la tercera edad, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación”.
El Real Decreto del estado de alarma del 14 de marzo especifica en su artículo 6 que “cada administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma”.
Por lo tanto, es un bulo que las residencias de ancianos estén bajo un mando único del gobierno y son por lo tanto competencia exclusiva de las Autonomías.
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