La gestión de las residencias de ancianos es competencia directa de la Comunidad de Madrid, gobernada desde hace años por el Partido Popular
La consejería de Políticas Sociales y Familia se ha negado en rotundo a ofrecer información sobre las 167 residencias de ancianos multadas en los últimos cinco años, algunas por faltas gravísimas como no tener autorización para funcionar, problemas de alimentación e higiene, o no disponer de personal titulado.
El Partido Popular se niega en redondo a facilitar esa información para no dañar "el buen nombre comercial de la empresa o su prestigio, afectando a su proyección pública". El gobierno del Partido Popular utiliza los mayores como mercancía y las residencias como un negocio donde lo más importante es que el nombre de una empresa no se vea dañado, no que un anciano esté desnutrido o que esté en una residencia pirata.
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